El sistema de salud en Colombia y la precarización de las condiciones laborales en el sector salud

 

Análisis del sistema de salud en Colombia entrega Especial parte IV

Desde la implementación de la Ley 100, es decir, desde la privatización de la salud en Colombia, las condiciones laborales en el sector de la salud han empeorado. Aunque la demanda de profesionales de la salud aumentó debido a la ampliación de la cobertura, ese aumento de la demanda no vino acompañado de mejoras en las condiciones laborales.

Por el contrario, los profesionales de la salud empezaron a padecer la tercerización laboral, la falta de contratación directa con las entidades de salud, el subempleo; enfrentan una remuneración insuficiente y deben asumir todos los gastos relacionados con su trabajo, desde el arriendo hasta insumos médicos. Se ven privados de beneficios como vacaciones y prestaciones, carecen de horarios fijos y se les niega el tiempo necesario para actualizarse o realizar investigaciones científicas.

Perdieron la autonomía como profesionales, pues minuto a minuto enfrentan restricciones por tiempo, paciente, patología, número de exámenes por consulta o cantidad de medicamentos por fórmula; restricciones en la prescripción de medicamentos de alto costo y en el acceso a procedimientos diagnósticos o especialistas. Con la Ley 100 fue evidente lo señalado por los maestros del proletariado, Carlos Marx y Federico Engels, de que: La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones hasta entonces reputadas de venerables y veneradas. Del médico, del jurisconsulto, del sacerdote, del poeta, del sabio, ha hecho esclavos asalariados.

Las EPS y los intermediarios, en aras de reducir costos, no contratan suficiente personal, lo que agrava el desempleo médico y socava la calidad de la atención médica que se le presta a los pacientes.

Toda esta situación les exige a los profesionales de la salud luchar contra el Estado que es el responsable directo de las deplorables condiciones laborales impuestas por las EPS y que amenazan su profesión, el bienestar de sus familias y la salud de todo el pueblo. No podemos seguir permitiendo que la ganancia de unos pocos parásitos esté por encima de la atención médica adecuada y las condiciones laborales que garanticen el bienestar de los trabajadores de la salud.

El pueblo y en especial los trabajadores del sistema de salud en Colombia deben avanzar en su organización de forma independiente en amplios sindicatos de base, en fuertes federaciones sindicales, deben estar preparados para actuar a la cabeza del próximo gran estallido social que ponga freno a que la burguesía, los terratenientes y los imperialistas continúen siendo los saqueadores de los bienes públicos a través de la corrupción, mientras siembran enfermedades y muerte entre quienes con su trabajo producen la riqueza social.

Desigualdades en el sistema de salud colombiano: la deuda con los hospitales públicos

En el período 2016-2020, las EPS del régimen contributivo fueron responsables, en promedio, del 54.3 % de las deudas de los hospitales públicos, mientras que las del régimen subsidiado representaron el 20.3 %, y los departamentos, distritos y municipios contribuyeron con el 8.9 %. Estos datos revelan una carga desproporcionada sobre los hospitales públicos, marcando un patrón en la distribución de las deudas.

La deuda hospitalaria no solo amenaza la sostenibilidad financiera del sector, sino que también impacta en la calidad y la oportunidad de los servicios. La correlación entre la participación de la cartera en el total de ventas facturadas y el tiempo de espera para asignación de citas revela relaciones significativas. Hospitales con altos volúmenes de cuentas por cobrar experimentan mayores tiempos de espera para la asignación de citas en diversas especialidades médicas.

Las deudas y el financiamiento son aspectos críticos que afectan la estabilidad financiera de los hospitales públicos, reflejando cómo los mecanismos de pago de las EPS y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) pueden dejar a las instituciones en una situación precaria.

La Ley 100 de 1993 aumentó la cobertura del sistema de salud, pero persisten desigualdades en la atención y la calidad de los servicios. La alta informalidad laboral y la falta de recursos fiscales adecuados han contribuido a una distribución desigual de los servicios de salud, evidenciando las limitaciones intrínsecas de un sistema basado en la lógica capitalista, donde la atención médica se convierte en un bien comercializable.

La maximización de las ganancias, las altas deudas hospitalarias y las barreras de acceso destacan la necesidad urgente de pelear por garantizar una atención médica equitativa y de calidad para el pueblo.

Informalidad laboral y salud en Colombia

Cuando se buscaba la aprobación de la Ley 100, otra de las falacias con las que se argumentó este despropósito era que se esperaba que para el año 2000 el 70 % de la población estuviera afiliada al régimen contributivo. Sin embargo, en la actualidad la población afiliada a este régimen no supera el 50 %. Lo que representan un aumento en el gasto público del sector, con efectos sobre las finanzas públicas.

La causa de que no se alcanzara la meta es la alta informalidad en el mercado laboral, la cual contribuye a que exista un elevado porcentaje de afiliados al régimen subsidiado. En 2022, el 49.9 % de los afiliados pertenecían al régimen subsidiado, el 45.8 % al régimen contributivo y el 4.3 % a regímenes especiales y de excepción.

Desde 2013 se ha observado una disminución en los ingresos por cotizaciones y una mayor dependencia de los impuestos para financiar el sistema; además, las reformas tributarias al servicio de los capitalistas han reducido los aportes por cotizaciones de empleadores, afectando la estabilidad financiera del sistema de salud.

En este contexto, la mejora del sistema de salud colombiano está intrínsecamente vinculada a la lucha por acabar la tercerización e intermediación laboral, por empleo formal y estabilidad laboral puesto que la dependencia del régimen subsidiado se reduce si se aborda el problema de la precariedad laboral, permitiendo un acceso más sostenible a los servicios de salud.

El derecho a la salud y la lucha de clases

Que esclarecedoras fueron las palabras de los maestros del proletariado mundial, cuando en el Manifiesto Comunista, hace 175 años, señalaban: La historia de toda sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de las luchas de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros jurados y compañeros; en una palabra, opresores y oprimidos, en lucha constante, mantuvieron una guerra ininterrumpida, ya abierta, ya disimulada; una guerra que termina siempre, bien por una transformación revolucionaria de la sociedad, bien por la destrucción de las dos clases antagónicas.

Es en el marco de esa lucha de clases, donde históricamente la burguesía en Colombia ha buscado maximizar sus beneficios a expensas de la mayoría trabajadora, para lo cual cada que le conviene aboga por la reducción del papel del Estado en términos de la responsabilidad social; paradójicamente, ese mismo Estado experimenta una expansión constante como aparato de represión, a través de políticas como el Plan Colombia, que buscó fortalecer la estructura militar.

El pueblo se debe levantar en otro gran estallido social que ponga freno a que la burguesía, los terratenientes y los imperialistas continúen siendo los saqueadores de los bienes públicos a través de la corrupción, mientras siembran enfermedades y muerte entre quienes con su trabajo producen la riqueza social.

El actual sistema de salud colombiano es una afrenta a los niños, las mujeres, los campesinos y a todo el pueblo colombiano en general. La resignación del pueblo, que por 30 años lo ha llevado a aguantarse la asesina Ley 100 debe transformarse en rebeldía y lucha contra sus verdugos.

Para ello es preciso generalizar y consolidar las formas asamblearias de organización de las masas, surgidas desde la base al fragor de los paros y las huelgas políticas. Debemos fortalecer y consolidar las formas de lucha directa y de organización (Grupos de Choque o Primera Línea, Guardias o Milicias Obreras y Populares) para avanzar a formas superiores necesarias para la derrota definitiva a los enemigos del pueblo que por años los han condenado a la enfermedad y la muerte.

Así es, necesitamos una rebelión popular que conquiste en lo pronto la abolición de la Ley 100 de 1993 y rechace todas las reformas que atente contra la salud pública que debe cubrir a toda la población, garantizando salud de calidad para los campesinos, los pueblos indígenas, las comunidades negras y todo el pueblo trabajador.

Una rebelión popular desde la cual se salte a la insurrección contra todo el Estado burgués, contra todo el sistema capitalista y por un nuevo Estado de los obreros y campesinos que garantice la salud y la vida de quienes todo lo producen. Un ascenso en la Revolución que necesita la sociedad colombiana para marchar hacia la construcción de una nueva sociedad, no basada en la explotación sino en la colaboración entre sus miembros.