¡Detener la ola de terror estatal de los capitalistas!
Las cifras son aterradoras: según la Separata de Actualización del
23 de mayo presentado por Indepaz, la Cumbre Agraria y Marcha
Patriótica son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las
Farc asesinados desde que se firmó el “acuerdo de paz” entre los jefes
de las FARC y el Estado colombiano en 2016. En el informe del Cinep, Violencia camuflada. La base social en riesgo:“Durante
2018 el Banco de Datos documentó 1.418 casos y 2252 víctimas
individuales para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2018. La violencia política en 2018 dejó —por lo menos— 648
muertos, 48 atentados, 1.151 personas amenazadas, 304 heridos, 66
torturados, 3 víctimas de violencia sexual, 22 desaparecidos y 243
detenidas de forma arbitraria (falsos positivos judiciales)”. Las
cifras confirman la continuación e intensificación de la guerra contra
el pueblo a pesar de la alharaca imperialista, burguesa y
pequeñoburguesa de los “acuerdos de paz” y el “postconflicto”. Tal como
fuera advertido por los comunistas la verdad es: ¡La paz de los ricos es guerra contra el pueblo!
A la ola de muerte se suma la persecución a las organizaciones sociales y la criminalización de la protesta social, considerándose como algo normal el tratamiento militar a cualquier manifestación, caso de la minga indígena atacada a bombazos y tiros de fusil, llegando al colmo de la reacción el atropello de jóvenes en Bogotá que celebraban pacíficamente el día mundial de la patineta.
El terrorismo de Estado es una forma sistemática para afianzar la dominación de las clases parásitas, en el vano intento de aplastar la rebelión de los explotados y oprimidos. No es una política exclusiva de la ultraderecha como creen algunos demócratas, sino la otra cara de la misma democracia burguesa, la cara abierta de la dictadura de los capitalistas, que en la presente época de avanzado estado de agonía del sistema se hace más feroz, por ser la dictadura de los grandes monopolios.
La persecución y criminalización de las organizaciones de las masas y sus movilizaciones, el encarcelamiento, amenaza, tortura y asesinato de sus dirigentes, las masacres… tienen una larga historia en todos los países. En Colombia el Estado burgués terrateniente y proimperialista, durante toda su existencia ha utilizado la violencia reaccionaria para defender los intereses de clase de una minoría explotadora, ahogando en sangre todo grito de rebeldía de las masas trabajadoras.
No son especulaciones de comunistas para desprestigiar las instituciones de la democracia: a las masacres de los obreros en las Bananeras a finales de los años 20, de Santa Bárbara y Riopaila en las décadas del 60 y 70, de los estudiantes el 8 y 9 de junio del 54… ejecutadas abiertamente por las fuerzas militares, se suman las masacres cometidas por los grupos paramilitares que han tenido distintos nombres en cada época desde los “chulavitas” y “pájaros” en “La Violencia” a mediados del siglo pasado, hasta las actuales “Águilas Negras”, pasando por las “Convivir” y las “Autodefensas Unidas de Colombia”; todas ellas expresiones de los antagonismos sociales y recurso de las clases reaccionarias para despojar a los productores directos o defender sus asquerosos privilegios de clase.
La ola de terrorismo estatal de estos días con el asesinato de los excombatientes de las FARC, es un episodio similar al acaecido con la Unión Patriótica, cuyo exterminio fue reconocido como política estatal orquestada entre militares y paramilitares luego de la firma de los “acuerdos de paz” entre los jefes de las FARC y el Estado durante el gobierno de Belisario Betancur; la política de terror estatal de estos días es continuación de las masacres perpetradas por el paramilitarismo uribista en el gran despojo a los campesinos, donde los patrocinadores y protectores de los asesinos han sido los terratenientes, empresarios, parapolíticos y militares; la política sistemática de terror estatal manifiesta en el asesinato masivo de jóvenes obreros y campesinos presentados como guerrilleros muertos en combate durante los gobiernos de Uribe y de Santos, pretende también ser reeditada por el actual gobierno como demostraron en estos días las denuncias en el New York Times, en Revolución Obrera el ascenso de los generales de la muerte y en la revista Semana las irregularidades en la cúpula del ejército.
Sin embargo, el terrorismo de Estado no es sinónimo de fortaleza de las clases dominantes como creen algunos revolucionarios; por el contrario, es una demostración de la gran debilidad del poder de los explotadores. Recurrir a la persecución, el hostigamiento, la estigmatización, la cárcel, la tortura, el asesinato, la masacre… solo pone en evidencia la incapacidad de las clases dominantes para seguir gobernando con los métodos consagrados en la letra de sus constituciones; indican una gran agudización de las contradicciones económicas, sociales y políticas y la exacerbación de la lucha de clases; es decir, una gran debilidad del régimen imperante ocasionada por la lucha entre los distintos sectores de la burguesía y los terratenientes y de estos con los distintos imperialistas, siendo principal la agudización de la contradicción entre explotados y explotadores; todas estas contradicciones son atizadas por la crisis económica del capitalismo mundial.
Por eso, contrario a la pretensión de hacer recular la movilización con el terror estatal, éste ocasiona la más feroz resistencia de los ultrajados; cuanto más violenta se hace la opresión, más explosiva se torna la rebelión. Contradicción que hace surgir nuevas formas de defensa y ataque como las que estamos viendo ahora: la guardia indígena y cimarrona y otras formas para proteger las organizaciones y garantizar la vida de los dirigentes; los grupos de choque para enfrentar las fuerzas asesinas del ESMAD y defender el derecho a la protesta; los destacamentos para enfrentar la fuerzas militares e impedir que las movilizaciones sean disueltas a tiros… todas esas formas de organización y de lucha surgen de las entrañas de las masas como respuesta a la violencia de las clases reaccionarias, y la obligación de los revolucionarios y comunistas es hacerlas conscientes, unirlas y generalizarlas para enfrentar la reacción y hacer avanzar el movimiento.
Detener la ola de terror estatal de los capitalistas ahora, es una orientación justa, pero se deben destacar también los mejores procedimientos de lucha para enfrentarla; toda la experiencia demuestra que son inútiles los debates en el parlamento, a la vez que no basta con la denuncia ante las organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los llamados “derechos humanos” pues en su inmensa mayoría hacen parte o están al servicio de los organismos del imperialismo o del mismo Estado terrorista. Detener la ola de terror de los capitalistas ahora exige destacar los procedimientos revolucionarios de defensa y de ataque como los descritos anteriormente, unidos a la movilización general del pueblo, a la Movilización y a la Huelga Política de Masas. Es posible y necesario compulsar al Estado para frenar con la lucha revolucionaria la ola de muerte e impedir con la movilización en las calles la criminalización de la protesta. El derecho a la organización, a la movilización y a la huelga se han conquistado ejerciéndolos de hecho y ahora no es la excepción.
La situación exige la unidad del proletariado y el pueblo para la lucha; unidad para garantizar la continuidad de sus organizaciones y la vida de sus dirigentes; unidad para juntar en un solo y poderoso puño la inconformidad y rebeldía acumulados por años y años de superexplotación y despojo; unidad para juntar en una sola Plataforma las reivindicaciones inmediatas del pueblo trabajador a conquistar con el paro y la movilización revolucionaria en las calles, en un Paro Nacional Indefinido; unidad para avanzar en la lucha que resuelva definitivamente, mediante la revolución, los problemas ocasionados por la explotación capitalista y la dominación ejercida por los imperialistas sobre el pueblo colombiano.
Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Julio 9 de 2019
A la ola de muerte se suma la persecución a las organizaciones sociales y la criminalización de la protesta social, considerándose como algo normal el tratamiento militar a cualquier manifestación, caso de la minga indígena atacada a bombazos y tiros de fusil, llegando al colmo de la reacción el atropello de jóvenes en Bogotá que celebraban pacíficamente el día mundial de la patineta.
El terrorismo de Estado es una forma sistemática para afianzar la dominación de las clases parásitas, en el vano intento de aplastar la rebelión de los explotados y oprimidos. No es una política exclusiva de la ultraderecha como creen algunos demócratas, sino la otra cara de la misma democracia burguesa, la cara abierta de la dictadura de los capitalistas, que en la presente época de avanzado estado de agonía del sistema se hace más feroz, por ser la dictadura de los grandes monopolios.
La persecución y criminalización de las organizaciones de las masas y sus movilizaciones, el encarcelamiento, amenaza, tortura y asesinato de sus dirigentes, las masacres… tienen una larga historia en todos los países. En Colombia el Estado burgués terrateniente y proimperialista, durante toda su existencia ha utilizado la violencia reaccionaria para defender los intereses de clase de una minoría explotadora, ahogando en sangre todo grito de rebeldía de las masas trabajadoras.
No son especulaciones de comunistas para desprestigiar las instituciones de la democracia: a las masacres de los obreros en las Bananeras a finales de los años 20, de Santa Bárbara y Riopaila en las décadas del 60 y 70, de los estudiantes el 8 y 9 de junio del 54… ejecutadas abiertamente por las fuerzas militares, se suman las masacres cometidas por los grupos paramilitares que han tenido distintos nombres en cada época desde los “chulavitas” y “pájaros” en “La Violencia” a mediados del siglo pasado, hasta las actuales “Águilas Negras”, pasando por las “Convivir” y las “Autodefensas Unidas de Colombia”; todas ellas expresiones de los antagonismos sociales y recurso de las clases reaccionarias para despojar a los productores directos o defender sus asquerosos privilegios de clase.
La ola de terrorismo estatal de estos días con el asesinato de los excombatientes de las FARC, es un episodio similar al acaecido con la Unión Patriótica, cuyo exterminio fue reconocido como política estatal orquestada entre militares y paramilitares luego de la firma de los “acuerdos de paz” entre los jefes de las FARC y el Estado durante el gobierno de Belisario Betancur; la política de terror estatal de estos días es continuación de las masacres perpetradas por el paramilitarismo uribista en el gran despojo a los campesinos, donde los patrocinadores y protectores de los asesinos han sido los terratenientes, empresarios, parapolíticos y militares; la política sistemática de terror estatal manifiesta en el asesinato masivo de jóvenes obreros y campesinos presentados como guerrilleros muertos en combate durante los gobiernos de Uribe y de Santos, pretende también ser reeditada por el actual gobierno como demostraron en estos días las denuncias en el New York Times, en Revolución Obrera el ascenso de los generales de la muerte y en la revista Semana las irregularidades en la cúpula del ejército.
Sin embargo, el terrorismo de Estado no es sinónimo de fortaleza de las clases dominantes como creen algunos revolucionarios; por el contrario, es una demostración de la gran debilidad del poder de los explotadores. Recurrir a la persecución, el hostigamiento, la estigmatización, la cárcel, la tortura, el asesinato, la masacre… solo pone en evidencia la incapacidad de las clases dominantes para seguir gobernando con los métodos consagrados en la letra de sus constituciones; indican una gran agudización de las contradicciones económicas, sociales y políticas y la exacerbación de la lucha de clases; es decir, una gran debilidad del régimen imperante ocasionada por la lucha entre los distintos sectores de la burguesía y los terratenientes y de estos con los distintos imperialistas, siendo principal la agudización de la contradicción entre explotados y explotadores; todas estas contradicciones son atizadas por la crisis económica del capitalismo mundial.
Por eso, contrario a la pretensión de hacer recular la movilización con el terror estatal, éste ocasiona la más feroz resistencia de los ultrajados; cuanto más violenta se hace la opresión, más explosiva se torna la rebelión. Contradicción que hace surgir nuevas formas de defensa y ataque como las que estamos viendo ahora: la guardia indígena y cimarrona y otras formas para proteger las organizaciones y garantizar la vida de los dirigentes; los grupos de choque para enfrentar las fuerzas asesinas del ESMAD y defender el derecho a la protesta; los destacamentos para enfrentar la fuerzas militares e impedir que las movilizaciones sean disueltas a tiros… todas esas formas de organización y de lucha surgen de las entrañas de las masas como respuesta a la violencia de las clases reaccionarias, y la obligación de los revolucionarios y comunistas es hacerlas conscientes, unirlas y generalizarlas para enfrentar la reacción y hacer avanzar el movimiento.
Detener la ola de terror estatal de los capitalistas ahora, es una orientación justa, pero se deben destacar también los mejores procedimientos de lucha para enfrentarla; toda la experiencia demuestra que son inútiles los debates en el parlamento, a la vez que no basta con la denuncia ante las organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los llamados “derechos humanos” pues en su inmensa mayoría hacen parte o están al servicio de los organismos del imperialismo o del mismo Estado terrorista. Detener la ola de terror de los capitalistas ahora exige destacar los procedimientos revolucionarios de defensa y de ataque como los descritos anteriormente, unidos a la movilización general del pueblo, a la Movilización y a la Huelga Política de Masas. Es posible y necesario compulsar al Estado para frenar con la lucha revolucionaria la ola de muerte e impedir con la movilización en las calles la criminalización de la protesta. El derecho a la organización, a la movilización y a la huelga se han conquistado ejerciéndolos de hecho y ahora no es la excepción.
La situación exige la unidad del proletariado y el pueblo para la lucha; unidad para garantizar la continuidad de sus organizaciones y la vida de sus dirigentes; unidad para juntar en un solo y poderoso puño la inconformidad y rebeldía acumulados por años y años de superexplotación y despojo; unidad para juntar en una sola Plataforma las reivindicaciones inmediatas del pueblo trabajador a conquistar con el paro y la movilización revolucionaria en las calles, en un Paro Nacional Indefinido; unidad para avanzar en la lucha que resuelva definitivamente, mediante la revolución, los problemas ocasionados por la explotación capitalista y la dominación ejercida por los imperialistas sobre el pueblo colombiano.
Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Julio 9 de 2019
Comentarios
Publicar un comentario