LA JEP ES JUSTICIA BURGUESA EN FAVOR DE LOS GENOCIDAS

Si la esencia del Acuerdo de Paz fue, en lo económico, garantizar la expansión de la agricultura empresarial, esto es, aumentar la ruina de los campesinos; y en lo político, legalizar el botín de tierras de los despojadores, o sea, legitimar la expropiación de los desplazados condenados a un destierro sin retorno… no es entonces de extrañar que la Justicia Especial para la Paz – JEP deba servir a tan infames acuerdos. De ello, dan cuenta las artimañas leguleyas de los “compradores de buena fe”, las fofas leyes de “restitución y reparación a las víctimas”, y el “trato especial” a los sanguinarios asesinos del pueblo.

En lo referente a este “trato especial” a los criminales de guerra, los defensores burgueses y pequeñoburgueses del Acuerdo de Paz, glorifican el “gran logro” de la justicia especial. Que los burgueses alaben su justicia es apenas una derivación de la hipocresía de su democracia. Pero que los pequeñoburgueses se sumen a ese coro de aplausos y llamen a los obreros a acompañarlos, es una perversa contribución a que los opresores sigan engañando al pueblo con la prédica de confiar en la justicia burguesa, es ocultarle a los trabajadores la catadura de los tribunales incluida la JEP, de los jueces y las leyes, instituciones todas del Estado dictatorial de los capitalistas, al servicio de la defensa de sus intereses de clase, y en el caso de la JEP, dóciles instrumentos del acuerdo de mano blanda con los sanguinarios expropiadores, incluidos los jefes guerrilleros, en pago por haber facilitado la legitimación del despojo a los campesinos.

Por su parte, la caterva reaccionaria uribista, lanza rayos y centellas contra la JEP dizque por alivianar las penas de los criminales jefes de las Farc, pero calla ante el beneficio que recibirán sus generales y comandantes militares y paramilitares, jefes troperos del genocidio, al mando en la perpetración de las masacres, en la desaparición y ejecución extrajudicial de civiles.


Lejos del anhelo justiciero de las víctimas en la JEP, esta institución de “justicia especial” en pro de la “paz social”, en realidad ejerce y seguirá ejerciendo justicia burguesa en favor de los más sanguinarios asesinos del pueblo.

No por casualidad se han acogido a la JEP, entre otros, genocidas como Rito Alejo del Rio, el jefe militar y paramilitar “pacificador de Urabá”; Jaime Humberto Uscátegui general comandante de la masacre de Mapiripán; Jesús Armando Arias Cabrales general al mando en la desaparición de cinco personas al retomar el Palacio de Justicia; Mario Montoya mano derecha de Uribe y de Santos como jefe militar de 2.000 ejecuciones de civiles mal llamadas “falsos positivos” y carnicero al mando de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín; y cerca de otros 2.000 militares involucrados en las ejecuciones extrajudiciales.

El requisito para todos los asesinos: hacer un papelón ante las víctimas y los medios… pedir perdón de dientes para afuera… darse golpes de pecho al estilo de los curas pedófilos… derramar unas cuantas lágrimas de cocodrilo… y sus crímenes quedarán purificados por el agua bendita de la JEP.

Como si fueran pocos los beneficios de la JEP para los descuartizadores, ahora los partidos reaccionarios, Centro Democrático y Cambio Radical, presentan un proyecto de acto legislativo para crear salas especiales que favorezcan aún más la impunidad de los militares.

Mientras la justicia burguesa absuelve a los genocidas, mientras las bandas paramilitares siguen asesinando líderes sociales, mientras los esbirros asesinos del Esmad siguen golpeando y baleando a la gente… el mequetrefe Ministro de Defensa sindica a la protesta social de ser financiada por los grupos armados, y el gobierno despliega la fuerza armada para criminalizar y encarcelar a los dirigentes sociales, populares y sindicales en el macabro plan de “el que la hace la paga”.

He ahí el carácter de clase de la justicia burguesa: para los atroces crímenes de los jefes militares, paramilitares y guerrilleros, perdón, olvido e impunidad; para los dirigentes populares, invención de prontuarios criminales, detenciones y desapariciones. Basta ver el caso de siete líderes de regiones petroleras en el Meta, detenidos en retaliación por paros y protestas en años anteriores, que si bien ya, después de 16 días fueron excarcelados ante la insostenible acusación de la Fiscalía, sí muestran el carácter de clase de la justicia burguesa y alertan sobre las nuevas políticas represivas del gobierno de Duque contra el pueblo.

Es diciente el caso de uno de los detenidos. Sandra Patricia Ruiz Riaño cuya foto apareció en un cartel publicado por la policía con el sello de “capturada” y con el siguiente “perfil criminal”: “Inició su actuar delictivo al estar como presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda del Centro del municipio de Acacías y de la Corporación del área de influencia directa del Municipio de Acacías creada por doce veredas (…) Persona que lidera, organiza manifestaciones, bloqueos, en contra de la estatal petrolera Ecopetrol S.A., y sus diferentes empresas aliadas prestadoras de servicios en las diferentes locaciones, plantas y gerencias de Ecopetrol S.A., en el departamento del Meta, generando mitin con los desempleados para detener el desarrollo de la operación y de esta manera afectar la economía del país”.

¡Toda justicia burguesa es de clase! ¡Contra el pueblo y en favor de sus opresores! Las prédicas burguesas de la imparcialidad de su justicia son una mentira, un embuste, un discurso hipócrita. A los asesinos del pueblo no los puede juzgar el mismo Estado que los arma y patrocina sus crímenes. Solamente una revolución que destruya este Estado de los explotadores y construya otro nuevo Estado para expropiar a los expropiadores y castigar sus crímenes, podrá de verdad hacer justicia en sus Tribunales Populares que tarde o temprano cobrarán las deudas de sangre contra el pueblo.

Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Septiembre 30 de 2018